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MADRID
La nueva ley establecerá un registro de las entidades y empresas que cubren estos servicios y se les obligará a cumplir diversos requisitos de transparencia e información y a contratar un seguro de responsabilidad civil para cubrir los incumplimientos en que puedan incurrir respecto al cliente, y cuya cantidad mínima asegurada se decidirá por orden ministerial.
El Gobierno espera que la nueva normativa esté en marcha esta legislatura, después de completar el trámite de audiencia y entrar en contacto con los diferentes actores del sector para llegar a las Cortes a partir de septiembre.
En concreto, el texto prevé la creación de un registro estatal con todas las compañías del sector, donde deberán comunicar todas las comisiones, gastos para los clientes y los tipos de interés máximos, incluidos los de mora.
Las empresas extranjeras que operen en el mercado español tendrán que identificarse necesariamente en este registro, mientras que en el caso español el registro se nutrirá de los datos de los registros de cada comunidad autónoma que deberían crearse, aunque esta iniciativa es competencia de ellas mismas, algo que desde el Ministerio creen "asegurado".
Evitar la indefensión del consumidor
La vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, explicó que esta nueva ley viene a cubrir una demanda real ante la "aparición de entidades no de crédito que se dedican a reagrupar deudas o buscar los créditos más baratos entre varias entidades", y con el objetivo de "evitar situaciones de indefensión".
Fernández de la Vega afirmó que hasta ahora la normativa era "fragmentaria", algo que este Anteproyecto "viene a resolver, tal y como ya se hizo con los servicios de bienes tangibles para evitar más casos como los de Afinsa y Fórum Filatélico". "España cuenta con una altísima seguridad financiera, tal y como demuestra la solidez de la Bolsa y el crecimiento del número de pequeños inversores".
